La salud en el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos fuertes.
Manifiesto sindical con motivo del 28 de Abril
En 2016 celebramos el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este periodo hemos
asistido al tránsito desde la seguridad e higiene franquista a la
prevención de riesgos emanada de la Directiva Marco europea. La
generalización de la actividad preventiva en las empresas, las políticas
públicas activas y la labor de los recién elegidos delegados de
prevención lograron, no sin pocos esfuerzos, una mejora de las
condiciones de trabajo que se tradujo en un periodo de acusado descenso
de la siniestralidad que se prolongó desde 2000 hasta 2012. La Ley
31/1995 ha posibilitado pasar de un enfoque reactivo, de reparación del
daño una vez que se produce, a un enfoque preventivo, con el objetivo
fundamental de conseguir un estado de bienestar integral del trabajador.
Sin embargo, la apuesta por políticas de ajuste de marcado acento
neoliberal como alternativa de salida a la crisis, especialmente
representadas por las reformas laborales, deterioraron de forma grave la
negociación colectiva y el ejercicio efectivo de derechos, elementos
imprescindibles para la salud y la seguridad en el trabajo. Estas
dinámicas han determinado una regresión de la prevención en las empresas
durante esta última legislatura y, no por casualidad, la aprobación de
la Reforma Laboral del Partido Popular en 2012 coincidió con el cambio
de tendencia de la siniestralidad. En estos cuatro años de legislatura
han fallecido 2.310 trabajadoras y trabajadores y desde 2012 hasta 2015
se han acumulado incrementos del 8% en el índice de incidencia para el
conjunto de sectores y del 9% para la siniestralidad mortal. Es
inadmisible que en pleno Sigo XXI, fallezcan más de 600 personas en un
año por el hecho de ejercer su labor profesional.
El debilitamiento de la negociación colectiva conlleva pérdida de
derechos y la generalización de unas relaciones laborales marcadas por
la precariedad. Esta última característica se encuentra, sin ningún
lugar a dudas, detrás del incremento de los accidentes de trabajo. El
mejor ejemplo de ello es lo que ha sucedido en los últimos años en el
sector industrial, hasta hace poco paradigma de la estabilidad en el
empleo. En los dos últimos años, los nuevos contratos de duración
inferior a una semana han pasado del 10% al 28% y la siniestralidad
mortal en 2015 en ese mismo sector ha crecido en un 45%. Una alta
rotación de contratos de tan corta duración impide garantizar los
derechos de información y formación en los riesgos y medidas preventivas
existentes en la empresa. Por otra parte, cada vez es más frecuente y
está más extendida la descentralización productiva entre las empresas
españolas, lo que provoca una externalización de los riesgos laborales
hacia los autónomos y trabajadores de PYMES y subcontratas.
Pero existen más factores que influyen en el repunte de los
accidentes y unos de ellos es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, último
año de que disponemos de índices de incidencia desagregados por sexo, la
siniestralidad en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en las
mujeres el incremento ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de
diferencia. Las condiciones de trabajo en los sectores y actividades más
feminizados han sufrido con más rigor los efectos de la crisis y de las
políticas de ajuste, lo que unido a la falta de políticas eficaces de
igualdad de género contribuye al deterioro de la salud de las
trabajadoras. Un dato para reforzar esta idea: desde 2013 el número de
partes comunicados de enfermedad profesional con baja en mujeres es
superior en términos absolutos al de los hombres a pesar de ocupar un
volumen menor de población.
Esta legislatura tampoco ha servido para solucionar el grave problema
de ocultación de Enfermedades Profesionales, sobre todo de aquellas más
graves y que comportan mayor sufrimiento a las personas afectadas y sus
familias. El caso del cáncer laboral es especialmente sangrante:
mientras que las estimaciones más conservadoras sitúan en 9.000 casos el
número de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en España atribuibles a
exposiciones laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23 en 2015, 19
de ellos por exposición al amianto. De forma similar, los trastornos
producidos por los riesgos psicosociales siguen sin ser registrados, a
pesar de su incremento debido al deterioro de las relaciones laborales
producto de la crisis. En definitiva, las enfermedades ocasionadas por
el trabajo terminan derivándose a los Servicios Públicos de Salud en
lugar de a las Mutuas, infradeclarando su número, aumentando el gasto
público y erosionando la prevención porque lo que no existe no se
previene.
Ante este panorama, en el marco del 28 de Abril, Día Internacional de
la Salud y la Seguridad en el Trabajo y ante el inicio de una nueva
legislatura, CCOO y UGT queremos trasladar a la sociedad española y en
especial a los partidos políticos la necesidad de poner en marcha las
transformaciones necesarias para forzar un cambio de rumbo en la
prevención de riesgos laborales adecuándola a realidad laboral actual.
La LPRL sigue siendo un instrumento útil para la salud laboral, pero
es necesario derogar todas las normas que han impedido que todos los
colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud. Las reformas
laborales han extendido la precariedad, han instalado el miedo a perder
el empleo, han individualizado las relaciones laborales, dificultado el
ejercicio efectivo de derechos y profundizado en la desigualdad.
Se debe revertir la reforma del marco jurídico de las Mutuas, ya que
supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores y que sólo
ha servido para que éstas invadieran competencias de los servicios
públicos, privatizando la gestión de actividades que deberían ser
exclusivas de la Seguridad Social. Hay que frenar la creciente
dualización del sistema público de salud, una sanidad para población
activa a través de las Mutuas y otra para la inactiva cada vez más
deteriorada, que supone de facto uno de los procesos de privatización de
la Sanidad más intensos y desconocidos. Este proceso se ha agravado con
la venta de las Sociedades de Prevención de las Mutuas a grandes grupos
privados, monetizando la salud laboral y desnaturalizando la vigilancia
de la salud en el trabajo, que de ser un derecho de los trabajadores
está pasando a convertirse en un mecanismo de control empresarial y de
ajuste de plantillas.
Desde la publicación de la LPRL hemos aprendido que la mera
aprobación de una legislación adecuada no garantiza la protección sin la
existencia de controles estrictos. Para ello exigimos a las
administraciones que intensifiquen las políticas activas en materia de
prevención dotando con los suficientes medios económicos y humanos a los
organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en Trabajo o los institutos autonómicos. La Inspección de Trabajo debe
incrementar sus plantillas de inspectores y subinspectores, reforzar y
actualizar su formación y dotar de personal al recientemente creado
cuerpo de subinspectores especializados en salud y seguridad en el
trabajo. Y se hace más necesario que nunca el pleno desarrollo de la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020,
haciendo especial hincapié en todas las cuestiones relacionadas con
enfermedades de origen laboral.
Y en el marco de la empresa, es preciso que se recuperen las
inversiones en prevención y, sobre todo, la centralidad de la
negociación colectiva en las relaciones laborales. La negociación
colectiva está estrechamente ligada a la presencia de sindicatos en los
centros de trabajo, lo que constituye la mejor garantía para el
ejercicio de derechos y para la protección de la salud. Es un hecho que
en los centros de trabajo en los que hay presencia sindical hay menor
siniestralidad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud. Sin
embargo, en nuestro país hay un millón de empresas con menos de 6
trabajadores, en las que trabajan dos millones de personas que no tienen
derecho a elegir un delegado de personal, y una estructura productiva
basada en la pequeña y muy pequeña empresa que dificulta la implantación
de los sindicatos en una gran parte del tejido productivo. Por ello, de
nuevo volvemos a reclamar el establecimiento de la figura del delegado
de prevención territorial o sectorial que pueda acceder al control de
las condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas
competencias y garantías que determina la LPRL para los delegados de
prevención y con el objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la
salud y a la seguridad y los niveles de protección a estos trabajadores
en los mismos términos que en el resto de las empresas.
Como cada 28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad
en el Trabajo, UGT y CCOO vamos a recordar a las trabajadoras y los
trabajadores que fallecieron o perdieron la salud mientras se ganaban la
vida y nos comprometemos a luchar durante el resto del año para acabar
con la precariedad, la desigualdad y las injustas condiciones de trabajo
que se encuentran tras los accidentes y las enfermedades de origen
laboral.
Fuente: CC.OO.
