Introducción

El desempeño de nuestro trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud es un derecho que nos reconoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), lo que supone un correlativo deber del Rector de garantizar que esas condiciones sean dadas.
La seguridad (ausencia de accidentes) y la salud(ausencia de enfermedades profesionales) en el trabajo puede ser garantizada de manera razonablemente aceptable, pues nunca podrá ser absoluta, mediante el estricto cumplimento de la Ley de PRL y la extensa normativa que la desarrolla.
En nuestra universidad a día de hoy, el grado de cumplimiento de la legislación en PRL es lamentablemente bajo, lo que resulta inconcebible después de 17 años de vigencia de la normativa básica en PRL, de modo que nuestra labor como delegados de prevención está centrada principalmente en exigir y vigilar que esas normas se cumplan. Aquí te iremos informando de nuestro trabajo, y de manera especial el que desarrollamos en el órgano específico de representación y discusión en materia de PRL como es el Comité de Seguridad y Salud.

20 de octubre de 2016

La Fiscalía General del Estado ha alertado del aumento de la siniestralidad laboral en 2015





Ha vuelto a niveles del año 2011 después de una caída en los años intermedios.
La Fiscalía General del Estado, en la memoria del último ejercicio presentada en septiembre, indica que el número de muertos en accidentes laborales aumentó en 2015 un 10,1% respecto a 2014, al pasar de 454 a 500 personas.
Mientras que en el año 2014 se incrementaban las cifras de accidentes mortales y leves, pero se mantenían a la baja los de los accidentes graves, en 2015 este grupo también sufrió un sensible incremento de 124 personas, hasta los 3.358 lesionados graves. Los leves aumentaron en 31.676 personas, hasta los 445.365 casos.
Así, aunque la siniestralidad laboral ha disminuido en un lustro (2011-2016) un 11,86%, el organismo que encabeza Consuelo Madrigal señala que esta disminución es engañosa de cara al futuro, ya que en el lustro 2009-2013 la disminución fue algo superior al 30% y la del 2010-2014 algo superior al 25%.
La Fiscalía incoó en 2015 un total de 854 diligencias de investigación por las 938 de 2014  (-8,95%). Las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal fueron 631,  45 menos que en 2014.
La Fiscalía reclama la autonomía de la Unidad especializada de siniestralidad laboral respecto a las jefaturas provinciales y de área, lo que, a su juicio, contribuiría a una mayor unidad en la aplicación de la doctrina sobre estos delitos, permitiendo a la Unidad sobrepasar el campo de la 'sugerencia' al de la orden para una más efectiva y eficaz aplicación de la norma.

Fuente: El derecho y Asesoriayempresas

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